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En Diputados ya se discute una autorización para tomar hasta USD 600 millones de deuda. La discusión no es solo técnica: es política. Endeudarse puede darle aire al Gobierno en el corto plazo, pero también puede condicionar nuestros salarios, regalías, la coparticipación y los presupuestos futuros.
Tomar deuda pública no es “conseguir plata”. Es pedir plata prestada en nombre del Estado. En este caso, el Proyecto 257/2026 autoriza al Gobierno de Santa Cruz a tomar hasta USD 600 millones, en el país o en el exterior, con un plazo de hasta 15 años. El destino declarado incluye obras, programas de desarrollo pero todos sabemos que va a sueldos.
El tema es quién paga. No paga el gobernador ni paga un ministro. Paga la provincia con recursos públicos. Y según el proyecto, las garantías pueden incluir regalías hidrocarburíferas, regalías mineras y fondos de coparticipación federal. La fiesta es cara.
La provincia recauda, paga salarios y sostiene servicios en pesos. Si se endeuda en dólares, cada devaluación agranda la cuenta medida en moneda local. El monto en dólares puede ser el mismo, pero para cumplir hacen falta cada vez más pesos.
Por eso el debate no es “deuda sí, aumento sí”. Santa Cruz necesita gestión e inversión. El punto es si la salida vuelve a ser la receta de siempre: deuda en moneda fuerte, recursos públicos como garantía y ajuste futuro cuando los números no cierran.
Luis Caputo, hoy ministro de Economía de Milei, fue ministro de Finanzas durante el gobierno de Mauricio Macri. En 2018 defendió el acuerdo con el FMI diciendo que permitía cubrir las necesidades de financiamiento hasta el final del mandato de Macri.
Ese acuerdo terminó siendo el préstamo más grande en la historia del Fondo: primero USD 50.000 millones y luego ampliado hasta USD 57.000 millones. El propio FMI reconoció después que el programa no cumplió sus objetivos, que no restauró la confianza y que hubo fuga de capitales de residentes, presión cambiaria, más inflación y deterioro de ingresos reales.
No hace falta decir que esa plata fue “para imprimir boletas”. Todo es más simple: la deuda funcionó para darle aire político y financiero a un gobierno que necesitaba llegar vivo al final del mandato.
Durante la gobernación de Daniel Peralta, Santa Cruz discutió la repatriación de fondos provinciales depositados en el exterior, originados en regalías petroleras mal liquidadas. Eran recursos de la provincia, no deuda nueva. En 2008 se informó el traspaso de esos fondos al Banco Nación mediante el decreto provincial 483/08.
También se registró que en 2007 se había traído una partida para afrontar aumentos salariales de la administración pública y docentes.
Es decir, si usar plata que ya era de Santa Cruz para pagar sueldos generaba escándalo, control y bardo en la calle, mucho más grave es autorizar deuda nueva, en dólares, a 15 años y con regalías o coparticipación como respaldo.
El 2027 importa. Endeudarse puede darle al Gobierno aire financiero, margen para ordenar conflictos y capacidad de llegar mejor parado al año electoral. No es un detalle menor: la deuda no solo ordena números, también ordena política.
El otro punto son los gremios. El ministro Verbes (ex funcionario de Alicia Kirchner) defendió el financiamiento en un contexto marcado por crisis económica y demandas salariales, y planteó que la inversión permitiría eficientizar recursos para afrontar gastos como salarios, salud y funcionamiento del Estado.
Traducido: si el Gobierno instala que sin endeudamiento no hay margen para aumentos, los sindicatos quedan encerrados. O aceptan la deuda, o quedan como responsables de que no haya recomposición salarial.
Ahí está el núcleo del problema: la deuda aparece como herramienta para disciplinar a legisladores, intendentes, gremios y a la discusión salarial. Primero se pide plata. Después se explica que no hay margen porque hay que pagarla.